Ministros abogan ante el bloque de AP por veto a Ley de Servicio Público

El veto a la Ley de Servicio Público es la que más preocupa al interior del movimiento de Gobierno Alianza PAIS y por eso el Ejecutivo tiene programadas reuniones con su bloque para hablar del tema.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, tenía previsto acudir anoche al encuentro de la bancada para explicar el alcance de las objeciones a las leyes de Servicio Público y de Educación Superior; lo mismo con otros secretarios de Estado.

Esto se da previo a la cita que hoy mantendrá la bancada oficialista con el presidente Rafael Correa en el palacio de Carondelet, a partir de las 16:00, en la que estarán varios ministros del gabinete.

Después de una comparecencia ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, Espinosa advirtió sobre las pocas posibilidades de maniobra del Legislativo para cambiar el veto a la Ley de Servicio Público.

Sostuvo que la oposición ha distorsionado el tema del veto a la Ley de Servicio Público, por lo cual se tendrá una reunión “cordial” con los asambleístas para analizar las objeciones de manera transparente.

“La oposición dice que se pagará en bonos las indemnizaciones, lo cual es falso. Lo que estamos diciendo es una alternativa. Claro que vamos a incentivar que a la gente se le pague en dinero, pero existe también la opción a los bonos. ¿Por qué negarle la posibilidad a un servidor que quiera recibir en bonos su indemnización?”.

Insistió en que esta posibilidad hay que reglamentarla y que la compra de renuncias obligatorias en el sector público es parte de la racionalización del Estado, pues la ley a más de beneficiar a los servidores públicos beneficiará a toda la ciudadanía porque ayudará a tener un Estado eficiente, con gente preparada y sometida a concursos de méritos y oposición.

Espinosa acudió ayer a la comisión legislativa para contestar las preguntas sobre los problemas laborales que enfrenta el Estado en temas de tercerización. Esto provocó un careo entre trabajadores y asambleístas, en especial en cuanto a los trabajadores tercerizados de Petroamazonas, que salieron afectados en sus remuneraciones cuando pasaron a ser parte de la nómina de la estatal.

El Ministro invitó a los servidores y trabajadores públicos a denunciar si hay empresas estatales que incumplen con el Mandato Constituyente 8, que elimina la tercerización.

Los miembros de la comisión advirtieron de un posible juicio político en contra de Espinosa por negligencia en la solución de los conflictos laborales, tanto en los sectores público y el privado, afirmó Línder Altafuya (MPD).

El secretario anticipó que esto sería ilegal, y la comisión anunció que la próxima semana analizará este caso.

"No existe la renuncia obligatoria"
Betty Amores, asambleísta del Movimiento PAIS, asegura que no existe la figura de renuncia obligatoria, y enfatiza que toda renuncia es voluntaria.

La asambleísta, en entrevista con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), dijo que no todas las instituciones del Estado podrán entrar a procesos de liquidación mientras no tengan los recursos económicos para pagar las indemnizaciones.

Amores aclaró que los mecanismos para los pagos de renuncia voluntaria y jubilación no son los mismos, ya que la posibilidad de pagar con bonos del Estado solo se dará para casos de jubilaciones.

Dijo que era indispensable establecer en la ley un mecanismo alternativo de pago, y que la cancelación en papeles sólo será aplicable cuando la institución pública no tenga recursos monetarios para cancelar al empleado que se jubila.