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Según la propuesta del Régimen, las medidas cautelares deben ser limitadas para que se establezca con claridad en qué casos se las debe otorgar. Incluso ayer el presidente Rafael Correa insistió en que se elimine por completo esta potestad de la CIDH. "En ninguna parte de la Convención que los países firmamos, se establece que la Comisión Interamericana puede emitir medidas cautelares. Solamente dice que los países pueden solicitarlas. (…) La Corte Interamericana es la única que puede emitir las medidas provisionales", señaló.
Según la activista Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la CIDH fue el primer ente que se creó como parte del Sistema Interamericano de DD.HH. y que su función era vigilar el cumplimiento de la Carta Americana de Derechos Humanos. "La OEA es la que le confirió la facultad de vigilancia de los DD.HH. y uno de los mecanismos para vigilar cuando haya peligro de que se violen los derechos. La CIDH recomienda a los estados dar seguridad a las personas y esas son las medidas cautelares". Pero el Gobierno ecuatoriano considera que esta es una extralimitación de las atribuciones del organismo internacional.
Ayer, el canciller Ricardo Patiño, en una entrevista en Gamatv, señaló que la CIDH puede pedir informes, investigar sobre casos de violación a los derechos humanos pero "no tiene atribución para dictar medidas cautelares contra un Estado". La posición de Quito surgió en octubre del 2011, cuando la defensa de diario El Universo pidió a la CIDH dictar medidas cautelares para evitar que se condenara al medio de comunicación en el juicio que le siguió el presidente Correa. A finales de febrero se concedió ese recurso, que evitaba la ejecución de la sentencia (tres años de prisión para sus directivos y una multa de USD 40 millones).
A partir de entonces, el Gobierno inició una campaña contra esta potestad. Y aunque el proyecto final que se presentó ayer fue "suavizado" para lograr el respaldo de los otros países, Correa busca que únicamente la Corte Interamericana de DD.HH., que es la fase de última instancia dentro de este sistema regional, pueda dictar estas medidas provisionales. Harold Burbano, de la Oficina de Asesoría legal en DD.HH. (Inredh), recuerda que las medidas cautelares son mecanismos "muy efectivos, que han salvado vidas". Un ejemplo: el caso del ecuatoriano Nelson Serrano, condenado a la pena de muerte en Estados Unidos, por supuesto asesinato.
En este caso, el propio Gobierno hizo las gestiones ante la CIDH. Burbano señala que "las medidas cautelares han sido muy efectivas en países que tienen pena de muerte". Las medidas cautelares, emitidas por la Comisión, son para prevenir que se cometa una violación a un derecho. Si se le quita, con el argumento de que solamente se esperen la actuación de la Corte Interamericana, todo va a tardar demasiado tiempo y muchas personas, hasta tanto, verán violados sus derechos", explicó. Con este criterio coincidió el catedrático Juan Pablo Albán.
Para él, las medidas cautelares han sido vitales para las víctimas, que han recurrido ante la justicia internacional, porque no han logrado una reparación en la justicia interna. Incluso, muchos países están de acuerdo con que la CIDH mantenga esta potestad, aunque con una mayor objetividad al momento de dictarlas.
La propia Comisión, el viernes pasado, propuso que cuando se emita una medida cautelar se presente un informe con las motivaciones que llevaron al organismo a aceptar ese recurso. Pero el Gobierno pide que, al menos, la CIDH consulte la opinión de los gobiernos, y esta sea tomada en cuenta antes de que se dicte una resolución.
Pero Monge dice que con ello, "se pretende limitar atribuciones de la CIDH". para evitar abusos de poder. Cómo se va a pedir la autorización a un país que va a impedir que se dicte una medida cautelar, porque va a afectar al Estado". El caso venezolano En abril pasado, Venezuela desconoció de su andamiaje jurídico la influencia de la Conveción Americana de DD.HH. y el sometimiento a sus resoluciones. El motivo fue el informe anual de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en ese país. También criticó las medidas cautelares que otorgó la Comisión a favor de Leopoldo López, un político venezolano que era opositor al gobierno de Hugo Chávez.
La consecuencia de esta acción será que a partir del próximo mes ningún venezolano podrá presentar ante el Sistema Interamericano demandas contra el Estado venezolano ni pedido de medidas cautelares.
Venezuela fue cuestionada por los continuos ataques a los medios de comunicación, la inseguridad de sus ciudadanos, la falta de seguridad jurídica, entre otros temas. Ahora ha cuestionado nuevamente a la Comisión y aseguró que se trata de una persecución política, que busca frenar el avance de su "revolución".
Organizaciones de DD.HH.defienden la importancia de las medidas cautelares Nancy Verdezoto. Redactora Las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un tema de interés capital en la región. Por un lado, el Gobierno ecuatoriano impulsa su limitación y por otro, los grupos de DD.HH. y de la sociedad civil buscan su fortalecimiento. En síntesis, las medidas cautelares son acciones legales que toma la CIDH para evitar la aplicación de una determinada acción judicial o administrativa en un país, donde se presume que habrá la violación de derechos. Según la propuesta del Régimen, las medidas cautelares deben ser limitadas para que se establezca con claridad en qué casos se las debe otorgar.
Incluso, ayer, Rafael Correa insistió en que se elimine esta potestad de la CIDH. Según Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la CIDH fue el primer ente que se creó como parte del Sistema Interamericano de DD.HH. y que su función era vigilar el cumplimiento de la Carta Americana de DD.HH. “La OEA es la que le confirió la facultad de vigilancia de los DD.HH. y uno de los mecanismos para vigilar cuando haya peligro de que se violen los derechos. La CIDH recomienda a los estados dar seguridad a las personas y esas son las medidas cautelares”. Pero el Gobierno ecuatoriano considera que esta es una extralimitación de las atribuciones del organismo.
Ayer, el canciller Ricardo Patiño, en Gamatv, dijo que la CIDH puede pedir informes, investigar sobre casos de violación a los DD.HH, pero “no tiene atribución para dictar medidas cautelares contra un Estado”. Esta posición de Quito surgió en octubre del 2011, cuando la defensa de diario El Universo pidió a la CIDH dictar medidas cautelares para evitar que se condenara al medio en el juicio entablado por Correa. A finales de febrero de 2012 se concedió ese recurso, que evitaba la ejecución de la sentencia (tres años de prisión a sus directivos y multa de USD 40 millones).
A partir de entonces, el Gobierno inició una campaña contra esta potestad. De ahí que Correa busque que solo la Corte Interamericana, que la última instancia en este sistema regional, pueda dictar estas medidas provisionales. Harold Burbano, de la Oficina de Asesoría legal en DD.HH. (Inredh), recuerda que las medidas cautelares son mecanismos “muy efectivos que han salvado vidas”. Un ejemplo: el caso del ecuatoriano Nelson Serrano, condenado a la pena de muerte en EE.UU. En este caso, el propio Gobierno hizo las gestiones ante la CIDH. Burbano señala que “las medidas cautelares han sido muy efectivas en países que tienen pena de muerte”. Con este criterio coincide el catedrático Juan Pablo Albán.
Para él, las medidas cautelares han sido vitales para las víctimas, que han recurrido ante la justicia internacional, porque no han logrado reparación en la justicia interna. Incluso, muchos países están de acuerdo con que la CIDH mantenga esta potestad, aunque con una mayor objetividad al momento de dictarlas. La propia Comisión, el viernes pasado, propuso que cuando se emita una medida cautelar se presente un informe con las motivaciones de su acción.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO
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